“Prueba inicia rajó a un montón de profesores recién egresados”.
Así de claro parece dejarlo Las Últimas Noticias en un fragmento de su portada
del viernes 23 de agosto de 2013, al referirse a esta controvertida evaluación
de profesores recién egresados que busca “identificar
los conocimientos pedagógicos y disciplinarios alcanzados por los egresados de
las carreras de pedagogía, con el propósito de entregar información sobre la
calidad de la formación inicial recibida” (evaluacioninicia.cl). El
objetivo final es evidenciar todo lo que se debe saber, lo que se debe hacer en
la sala de clases, y las actitudes profesionales a desarrollar.
Fueron 1.443 hombres y mujeres que se sometieron voluntariamente a
esta evaluación diagnóstica, de un universo total de 10.351. Aplicada los días
26 y 27 de abril de 2013, consiste en una batería de tres pruebas:
Conocimientos Disciplinarios, Conocimientos Pedagógicos y Habilidades de
Comunicación Escrita. Las dos primeras no tienen antecedentes previos y no son
comparables, caso inverso el que ocurre con la última. En el caso del área de
Historia y Ciencias Sociales los resultados son demoledores: 4 de cada 10 no
sabe lo que enseña, 3 de cada 10 no tiene los conocimientos mínimos del quehacer
pedagógico, 4 de cada 10 no maneja los niveles mínimos de habilidades de
comunicación escrita.
Las reacciones no se hicieron esperar. La Ministra de Educación,
Carolina Schmidt, declaró que “gran parte
de los profesores recién egresados no sabe lo que debe enseñar (su disciplina
respectiva) ni tampoco de qué manera enseñarla” (lanacion.cl); agregando
según consigna Las Últimas Noticias, “no
es una prueba muestral, no refleja la realidad de cada institución, pero sí
refleja una realidad del país”. Por su parte, “Educación 2020”
enfatiza en las posibles consecuencias de esta medición que, a primeras luces,
reflejaría que “la mala calidad de la atención,
puede generar efectos nocivos, tales como un apego inseguro, problemas socio
emocionales y una disminución en el coeficiente promedio de desarrollo” (publimetro.cl). Críticas a
las que se sumó el ex Ministro de Educación José Joaquín Brunner, quien
menciona el rol de las Universidades aludiendo en una entrevista a CNN Chile
del 22 de agosto, que “sería un error que las Universidades empezaran a defenderse y
dijeran (…) los estándares no están bien preparados”.
No se perdió oportunidad de presionar al Congreso Nacional para
que se apruebe la Ley de Carrera Docente, donde se proponen cinco metas:
Aumentar las horas de planificación en una proporción de 70/30, elevar el
sueldo de los profesores en los sistemas municipal y subvencionado, elevar las
remuneraciones de entrada para los recién egresados (considerando PSU y
rendimiento en la prueba INICIA), elevar las exigencias mínimas para estudiar
pedagogía para trabajar en el sector subvencionado, y hacer la INICIA
obligatoria para los egresados.
Ya mencionados estos antecedentes, es preciso señalar algunos
cuestionamientos propios a esta evaluación diagnóstica y elaborar un análisis
genérico del actual panorama. Me referiré específicamente en algunos elementos al
caso de Historia y Ciencias Sociales.
LUN tiene razón: Sin un análisis de su trasfondo y repercusiones, efectivamente
nos rajaron. Si bien esta prueba tiene un objetivo claro, posee una comisión de
teóricos del más alto nivel que ha ejecutado un proceso de testeo permanente de
sus preguntas, elaborando parámetros que responden a la proyección del
pensamiento político portaliano sobre la pedagogía. Consolidan elementos
generales, nacionales y centralistas en los estándares que se evalúan, bajo el
liderazgo del CPEIP, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de
Chile. Es menester cuestionarse: ¿Es casualidad que los mejores resultados los
obtenga esta casa de estudios? ¿Es casualidad la correlación entre el puntaje
de la PSU y la evaluación Inicia?
Metodológicamente, dos de tres evaluaciones no son comparables,
elemento que es reconocido por la propia Ministra de Educación. Por cierto,
este elemento es poco enfatizado por los medios de comunicación masiva que, en
el afán por competir por la noticia, omiten en muchos casos a las universidades
que les fue mejor o los detalles que pueden marcar la diferencia en el minuto
del análisis. Finalmente, mediáticamente quedamos como malos profesores que no
saben lo que enseñan, no saben qué hacer en la sala de clases y no saben
escribir bien o redactar aceptablemente. “La
educación está mala”, es el fúnebre corolario. Ni hablar del diagnóstico
que realizan Educación 2020 y José Joaquín Brunner: Las Universidades no pueden
apelar y la prueba debe definir todo nuestro futuro.
La hipótesis parece ser que todo está bien en el instrumento de
evaluación, los centros de estudio fueron avisados con antelación y debieron
prepararse sin reparar en las particularidades, siendo los evaluados quienes
tienen toda la culpa. Y como es característico de la dictadura virtual de
Sebastián Piñera, la idea es presionar al Parlamento sin analizar el articulado
de una Ley que no cuenta con el consenso de todos los actores involucrados en
educación y que a la hora de los pagos demora ilimitadamente. El objetivo es
claro: Preparar a las y los “mejores” (entendidos como los que cumplen con un
perfil profesional estándar sin enfatizar la diversidad de caracteres en muchos
casos) para trabajar en colegios subvencionados por sobre los municipales y así
consolidar la privatización de este derecho social básico.
Un número no puede determinar totalmente el futuro de una
profesión delicadísima en la formación de una persona ni servir de instrumento
mediático para dejar a un Ministerio como el héroe que, sólo con el beneplácito
de los más cercanos y leales, pretende tener “la panacea”. No se trata de
una oposición acérrima sin fundamento a una evaluación que es necesaria (es
más, quisiera consignar que me someteré a futuro de manera voluntaria), la
crítica pasa por generar instrumentos diagnósticos congruentes con la
diversidad de contextos y realidades locales y asegurar una preparación adecuada
como profesionales.
Los desafíos son grandes, el tiempo es escaso. Ya es hora de
romper una proyección más del centralismo portaliano y elaborar políticas
públicas auténticamente democráticas, participativas y congruentes con las
realidades regionales. Es una manera efectiva de romper ese mito del país
perfecto en un Chile “desarrollado”.
