Subvenciones: "si te enfermas no te pago".

“Creemos que el mecanismo de distribución de recursos a las familias por intermedio de la subvención escolar es el apropiado para el desarrollo del sistema (...) permite la libre creación y mantención de establecimientos; incentiva en éstos alcanzar buenos resultados; y estimula la asistencia de los alumnos a clases”

Documento “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”.

El día 10 de marzo de 1990 no sólo era un día de expectativas: al cambio de mando histórico que se realizaría al día siguiente en Valparaíso también se le sumaba un hecho que pasaría más o menos inadvertido por los anales de ese año: la aprobación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Esta ley, además de garantizar principios tales como la libertad de enseñanza y traspasar la responsabilidad de la educación, del Estado a los padres, institucionaliza la subvención como aporte del Estado a nuestra educación. Es decir, se cumple con un rol subsidiario cubriendo lo que la Economía Social de Mercado no puede hacer por sí misma.

He querido, en esta ocasión, partir con esta cita del reciente documento sobre la “gran” reforma educacional del actual gobierno (que está de más señalar que se cuelga de líneas de acción de la administración anterior en temas como la cobertura a la educación preescolar), para señalar que el régimen de financiamiento no es la verdadera solución a muchos de los males que aquejan a nuestro sistema educacional.

Cuando el Gobierno Militar comenzó a indagar en las experiencias extranjeras viendo lo mejor para nuestro país, desde su lógica, se encontró con que en algunos países de Europa y Estados Unidos el régimen de subvenciones era la vanguardia. Chile lo viene aplicando desde hace más de dos décadas, en el contexto de una de las leyes más neoliberales en educación de todo el orbe.

Si bien ha tenido cambios, durante los gobiernos de la Concertación se afianzó esta modalidad, creándose la subvención preferencial con el fin de apoyar a los estudiantes más vulnerables en diversos ámbitos. Si bien quizás pretendió algo así como “humanizar el capital” no se consiguió más que establecer un parche en un sistema que ahonda en algunos males en muchas escuelas chilenas.

De la subvención dependen los sueldos de los profesores, las cuentas básicas, la infraestructura del colegio (es más, muchos estudiantes de pedagogía, en tono de broma, ven a los más pequeños con un monto en la frente como en un conocido comercial de televisión). Si multiplicamos los $37.367 (valor de un establecimiento de Educación CH y TP con 26 horas y más; extraído de http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/Subvencion/informes/valor-subvenciones-DICIEMBRE-2010.pdf) por 45 estudiantes en sala, con unos diez cursos por lo bajo, tendremos una cifra bastante grande (haga la multiplicación y saque la cuenta; si estudió en un liceo grande verá que es mucho dinero).

Si se invirtiera ese monto final en los puntos descritos anteriormente y si efectivamente el sostenedor del colegio se quedara con una cifra para vivir sin problemas en el mes tendríamos una empresa en la que sus ganancias se invierten redundando en un mejor ambiente para estudiar. Pero, ¿Qué pasa cuando no se recibe esta subvención? ¿Qué pasa cuando los estudiantes se enferman y no vienen? El caos.

La peor pesadilla de muchos directores es que se le vaya un niño del colegio. “Si no viene este niñito en muchos días dejo de percibir mis ingresos... ¿Qué hacer? Fácil: ¡Hagamos como que vino! ¿Y cómo? ¡Pongámoslo presente!” Esta es la triquiñuela que usan muchos de estos administrativos para hacer que sus matrículas se vean abultadas. Es más, muchos de ellos ponen estudiantes de otros cursos cuando vienen a fiscalizar y asunto arreglado. Todo funciona normalmente y seguimos en la misma bicicleta.

Este sistema promueve la asistencia, es cierto, pero la asistencia forzada. Los padres no envían precisamente a sus hijos a la escuela porque sea la mejor o porque el SIMCE les da garantía de calidad: los envían porque tienen que enviarlos.

La subvención, en este caso, pasa inadvertida. Éste es un sistema despiadado, pues no permite ni siquiera enfermarse. No considera situaciones personales ni dificultades variadas. No toma en cuenta si es un establecimiento cercano a la ciudad o en pleno campo, en donde cuesta transportarse. Lo que importa, como todo en el sistema global, es el resultado final. Vino: le pago; no vino: se queda sin la sal ni el agua. Es decir, fomenta una asistencia forzada. Estimula la asistencia no sólo de estudiantes reales, sino que también de “fantasmas”. En síntesis, Chile es el país donde los estudiantes no pueden enfermarse.

Y lo que le quita el sueño a muchos alcaldes: los paros. No es lo mismo, argumentando desde esta lógica, ser autoridad en Vitacura que en Vilcún: la primera comuna tienen 3 colegios municipales mientras que la segunda más de quince. Es así como todas las subvenciones se van a un fondo común que se reparte entre todos. Si se deja de percibir ingresos en una comuna rica no hay problema: se saca de otras partes y asunto arreglado; si ocurre algo así en la segunda entramos a millones de preguntas.

¿Quién dice que este sistema no fue impuesto en Chile con una segunda intención: la de presionar en estos casos “de emergencia”? ¿Quién dice que el visionario Pinochet vislumbró con su mente de estadista y pensó, en un delirio portaliano, que si los estudiantes protestaban mucho se atemorizaba a la autoridad local con que se le suspenderían los fondos?

Uno de los tantos males de la Economía Social de Mercado es que no toma en cuenta particularidad alguna: sólo le importa el precio final de la persona. Es por ello que, específicamente en este caso, se debería avanzar hacia un nuevo régimen de financiamiento que no tome en cuenta sólo la asistencia como indicador fundamental. Que no piense solamente en el “si no viene, no le pago, eso sería pérdida de recursos”. Si el Estado se compromete con ayudas para los colegios debería pagar el beneficio por los estudiantes matriculados sin importar si han venido o no. Si los padres tienen la responsabilidad de enviar a sus hijos al colegio lo van a enviar a no ser que exista una situación particular. La asistencia como indicador estará igual y no pasará por la importancia que le dé el apoderado a la subvención.

Si el colegio no cumple con los mínimos de asistencia y otras irregularidades ahí recién se deberían considerar la revisión de las ayudas. El régimen de financiamiento si no es derogado debería ser replanteado y ser entregada la subvención sin presionar por la asistencia. No sólo sirve como arma de “estimulación” de este punto sino que como arma de presión (bastante poderosa por cierto).

Dejo abierto el debate.