El pacto social podría definirse como el acuerdo que hacen gobernantes y gobernados, donde los primeros transfieren su poder a los segundos para que ellos, como grupos dirigentes (por su elevado conocimiento empírico o manejo del sistema), organicen el funcionamiento de la sociedad en normas consuetudinarias o escritas. Bajo esta lógica, el Estado (el conjunto de instituciones que regulan la relación entre gobernantes y gobernados, es decir, la “nación jurídicamente organizada”), es una maquinaria poderosísima que abarca todos los aspectos de la vida de todas las personas y, para hacer más eficiente su labor, reparte su accionar en los servicios públicos. En diversas esferas, llega a todos los rincones posibles.
El estado actual de los servicios públicos es uno de los ejes que tienen a los gobernados en un estado de disconformidad constante. Y como la clase política es ciega, sorda y muda, muchas veces la gente vive toda la vida quejándose (pero no por gusto, sino porque jamás es escuchada) y ellos conformes con la labor que realizan “por el progreso del país”. En suma: las cosas siguen igual.
Un candidato presidencial, hace años, “fue longko en Toltén, comió en olla común, supo lo que era ser minero en Chiquicamata, esperó horas un número en el consultorio”. Conoció esas realidades pero, probablemente, después de eso se dio una ducha de agua caliente y volvió a su dulce realidad. Pero, ¿Qué pasa con las miles de personas que aún toman La Rendidora porque no alcanza para más? ¿Quién resuelve los problemas a esas personas que no vuelven a esa realidad de azúcar y algodón?
Por eso, el quinto eje de las orientaciones para la reforma al sistema político serán los servicios públicos. Para solucionar la situación actual de muchos de éstos se propone:
· Aumento presupuestario para mayor contratación de personal y mejora de los sueldos de los funcionarios públicos. Muchos se quejarán con esta proposición pero, siendo sinceros, uno de los mayores atractivos para trabajar es un sueldo digno y justo. Qué mejor entonces que invertir en el sueldo de nuestros trabajadores.
· Capacitaciones en atención al público para funcionarios con protocolos de atención y líneas expeditas de OIRS. Si en algo se destaca la empresa privada es en cómo trata a la gente que acude a reclamar. Por ello hay que emular su actitud y, así como se pide aumento en remuneraciones, exigir mejores niveles de atención. Por esta razón se debe capacitar a los funcionarios y ver si cumplen con metas, por ejemplo, a través del sistema del “cliente incógnito”.
· Informes nacionales, regionales y comunales participativos de diagnóstico de necesidades de los servicios públicos y propuestas propias de solución. A través de diversas estrategias se pueden consultar los requerimientos de las comunidades e incentivar a que ellos mismos generen alternativas para sanearlos, transformándolos en propuestas de acción concretas con metas y plazos.
· Mejoras en infraestructura de servicios públicos (externa e interna). Algunas de nuestras reparticiones parecen edificios abandonados (especialmente en salud). Por ello, en base a los diagnósticos, hay que remodelar lo existente para enfrentar las reformas con una cara acorde a lo que se espera.
· Mesas territoriales para eliminar listas de espera (orientaciones nacionales y regionales pero estrategias a nivel macrosectorial por ciudades). El gran problema de todas las políticas públicas históricamente es que no toman en cuenta las necesidades diversas de la diversidad de territorios. Cada servicio público sabe cómo hacerlo y, desde el Estado, se le deben dar todas las herramientas para solucionar el problema. A la hora de la suma el resultado, de seguro, será mejor.
· Mayores trámites en línea. Durante los últimos años se han realizado estrategias tendientes a descomprimir el flujo de personas que requieren trámites en papel. Con la cobertura digital existente en la actualidad hay que insistir en campañas informativas y mayores plataformas para que las personas realicen trámites en línea, acompañado siempre de incentivos que atraigan a mayor cantidad de público.
· Nuevo sistema de elección de cargos en la administración pública. Como he ahondado en otras oportunidades, se debería avanzar en un plan de elección consensuada de los miembros del aparato estatal por parte de los propios trabajadores.
Con estas medidas que requieren, más que todo, voluntad, más de algo se puede hacer para elevar la calidad de vida de todos los habitantes de esa democracia que tanto se cuestiona en la actualidad.
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