El séptimo eje en la búsqueda de que el 10% de la población nacional según el censo y el 5% de la población con acceso a internet participen de mecanismos de asociación y consulta es el de reforma al Congreso Nacional.
Esta instancia, desde el punto de vista histórico, ha sido considerada como un mecanismo de distensión para resolver los conflictos entre los gobernantes y los gobernados. Es por eso que se eligen periódicamente representantes que elaborarán las normas que regularán esta relación. De ahí surgen las leyes que orientan nuestro accionar en el marco de la legalidad.
El auge de su poder estuvo entre 1891 y 1925, en un interregno gobernado por los partidos políticos, con dos coaliciones que decían ser diferentes pero que representaban lo mismo. Era una gran banca de suplentes esperando que saliera el ministro en función para entrar y ver cuánto tiempo duraba, en un país lleno de dinero pero en muy poquitas manos. Tan pocas que nadie veía cómo el país, afuera de los salones oligárquicos, se moría de hambre.
Eso contribuyó a la mala imagen que históricamente ha tenido. Hoy, en un ciclo de cuestionamientos a la manera en que funciona el sistema político, es necesario establecer reformas tendientes a acercarlo a la ciudadanía. Por ello, los cambios que se proponen son:
· Mayores sanciones por ausentismo injustificado, tipificándolo como abandono de deberes. La gente se aburrió (y especialmente la que más investiga) de ver cómo las cifras de asistencia al Congreso son muy bajas. El mejor gesto que se puede hacer ante ese electorado descontento es demostrar que se asisten al máximo de sesiones.
· Supresión del fuero parlamentario. Las personas elegidas en votación popular parecen envueltas en un aura que los blinda de ser responsables ante cualquier delito. Como son personas igual que nosotros, pero investidas de mayores poderes, que se les equipare al resto de los ciudadanos y que se quite esta barrera para asumir el cumplimiento del deber.
· Equiparación de la dieta parlamentaria al sueldo promedio nacional (reajustable por el IPC), más viáticos y gastos de representación. Este es un punto muy sensible para la gente que ve cómo “los políticos” ganan mucho dinero y “no hacen nada”. A modo de ser más empáticos con la realidad nacional, se debería igualar su sueldo al promedio del país y sumarle sólo lo necesario para el cumplimiento de la labor parlamentaria.
· Memorias anuales de balance de gestión, obligatorias. En pro de la transparencia nuestros parlamentarios deberían publicar un documento donde se analice lo bueno, lo malo y los logros de lo realizado durante el año.
· Juicio de Residencia (comisión fiscalizadora nacional ciudadana transversal de organizaciones). Si se fortalece la organización (incluso si no se realiza como política de Estado) se puede crear una comisión representativa que complemente las facultades de otras instancias, que recoja preguntas de la gente y que, en una “sesión especial” abierta y transmitida para todo el país el parlamentario deba dar cuenta de lo que ha realizado dentro de su gestión. Esto haría que la gente estuviera más atenta con quienes elige.
· Publicación de patrimonio, obligatoria, anual y pública. Una ley orgánica podría obligar a quienes integran el Congreso Nacional para que publiquen su patrimonio antes, durante y después de su mandato. Ser transparente es el primer paso para recuperar la confianza entre gobernantes y gobernados.
· Parlamento regional (sesiones en regiones). Si Perú es ejemplo es en la manera como sesiona su Congreso. Éste va a las diferentes zonas del país y, junto con discutir las materias a las que va, escucha los requerimientos de los lugares en los que trabaja. Este sería un paso efectivo en la desconcentración y descentralización concreta y daría mayor relevancia a las regiones.
· Cambio del sistema binominal por uno proporcional. Esta es la madre de todas las batallas: sin su eliminación no se pueden generar las grandes transformaciones que el país requiere. Un sistema proporcional aseguraría la representación de todas las fuerzas en el Congreso quitándonos el miedo de que las minorías deciden todo. Sí, puede que lo hagan, pero es porque se obliga al sistema a conversar con todos, permitiendo acuerdos más efectivos que con sólo dos mayorías que coartan la posibilidad de una democracia sana.
· Elecciones complementarias obligatorias. Después de 1973 se cortó una tradición que el retorno a la democracia no continuó porque a los partidos no les convenía. Estas elecciones permiten que las vacantes sean rellenadas por las mismas personas que escogieron al ganador y no por representantes que muchas veces no han estado siquiera en los lugares de la elección.
· Revocación del mandato parlamentario. Si se aprobara la Iniciativa Popular de Ley la gente que encuentre que su parlamentario no lo hace bien y denota abandono de deberes podría ejercer un derecho básico del pacto social: remover a su representante. Además de obligarlo a trabajar de manera cercana y eficiente la gente se sentiría más comprometida a participar.
Estas orientaciones podrían limpiar la cara de un Parlamento manchado por la imagen de la desidia, el alejamiento de la gente y un juego político eterno que afuera se ve como inoperancia. La idea final es retornar a la época en que ser Diputado o Senador era un honor por el cual no se recibía ni un solo peso y hacer de la labor parlamentaria un oficio noble, cercano y eficiente.
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